30 Sep El vacío de protección en tiempos de fraudes digitales

Antonio Villalobos, Asesor Legal de la Asociación de Corredores de Bancaseguros A.G.

Recientemente, el Banco Central puso sobre la mesa un tema que tiene implicancias fundamentales para la economía digital, la protección al usuario y la confianza en el sistema financiero: la necesidad de reevaluar la prohibición vigente de contratar seguros contra fraudes para medios de pago digitales. Este debate no es menor, especialmente cuando los riesgos crecientes en delitos cibernéticos exigen respuestas modernas y reguladas.

Hoy, nos enfrentamos a un contexto normativo complejo. La Ley Nº 21.234, vigente desde 2020, prohíbe expresamente que los clientes financien pólizas que cubran fraudes en tarjetas, transferencias electrónicas y otros medios de pago; obliga a que esos riesgos sean simplemente asumidos por las instituciones financieras. En consecuencia, 39 pólizas de seguros que ofrecían coberturas de fraude han sido prohibidas por el regulador.

Pero, ¿es Chile un caso aislado? No del todo, aunque sí particular. En muchos países existe ya un mercado regulado o en desarrollo de seguros contra riesgos digitales: fraudes electrónicos, suplantaciones de identidad, ciberataques. En otros sistemas legales, las aseguradoras ofrecen coberturas que complementan las protecciones que debe dar la institución financiera, permitiendo que los individuos opten a una protección extra. En Chile, en cambio, la prohibición actual impide esa posibilidad, dejando al usuario sin opciones formales para trasladar ciertos riesgos digitales que siguen en aumento.

Un dato relevante que reflota el debate es que más del 55% de los chilenos encuestados manifestaron estar dispuestos a pagar por un seguro contra fraudes en transacciones digitales, según datos de la encuesta Descifra. Esa cifra revela no solo una demanda latente, sino también una percepción ciudadana de que el riesgo es real y que la protección adicional tiene valor.

Mientras, la experiencia internacional ofrece señales claras. En América Latina, las tasas de fraude con tarjetas de crédito son un 97% más altas que en países como Estados Unidos, y se estima que el fraude digital equivale al 20% de los ingresos del comercio electrónico regional, de acuerdo con un informe de la firma de ciberseguridad Threatmark. Por otra parte, en Brasil, solo las estafas del tipo authorized push payments representaron pérdidas cercanas a US$ 247 millones en 2022, con proyecciones que podrían superar los US$ 600 millones hacia 2027. A nivel europeo, se calcula que el fraude detectado y no detectado alcanza un 10% del gasto total en siniestros de seguros, con impacto directo en el costo de las primas y en la confianza de los usuarios.

El resultado es que, frente a un escenario de fraudes crecientes, los usuarios chilenos carecen de la opción de contratar coberturas adicionales que podrían dar más tranquilidad y confianza al ecosistema financiero digital.

No se trata solo de números. La discusión sobre los seguros antifraude toca un punto de fondo: la confianza en la economía digital. Si los consumidores perciben que están solos frente a riesgos cada vez más sofisticados, esa confianza se erosiona. Y sin confianza, no hay innovación ni inclusión financiera posibles.

De ahí la importancia de que el debate iniciado por el Banco Central se asuma con seriedad y visión de futuro. El marco regulatorio debe modernizarse para estar a la altura de la realidad digital que ya vivimos, tomando en cuenta las experiencias comparadas y el sentir ciudadano. Chile no puede quedar atrás en un tema donde lo que está en juego no es solo la protección individual, sino la estabilidad y credibilidad del sistema de pagos en su conjunto.