Corredores de Bancaseguros expone ante la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto de ley para Agentes de Mercado

Luego de las profundas modificaciones realizadas en la Cámara de Diputados, el proyecto original presentado por el Ministerio de Hacienda está siendo debatido, punto por punto, en la Comisión de Hacienda del Senado, instancia donde la gerente general de CBS participó para presentar la opinión de la entidad.

Ha sido un largo proceso, no exento de fuertes críticas, el que se ha desarrollado en torno a la discusión del proyecto de Transparencia y Responsabilidad de los Agentes de Mercado en la Comisión de Hacienda del Senado, impulsado originalmente por el Ministerio de Hacienda, pero que sufrió importantes modificaciones en la Cámara de Diputados, especialmente por las denominadas “indicaciones Jackson”, las que hacen alusión a una serie de indicaciones que afectan al mercado de seguros, impulsadas por el Diputado de Revolución Democrática, Giorgio Jackson.

Y Corredores de Bancaseguros A.G. no ha estado ausente del debate. Es así como el pasado 17 de noviembre, la gerente general de la entidad, María Isabel Aranda, participó en la Comisión de Hacienda para hacer observaciones relacionadas al mercado de seguros, donde la redacción de algunos artículos se presta para confusión.

En la instancia también participaron el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés junto a la economista Andrea Butelmann, a solicitud de la Asociación de Aseguradores; el presidente del Banco Central, Mario Marcel; el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena; el abogado de la Confederación Nacional de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de Chile, Carlos Boada; y el presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón.

Aranda inició su presentación explicando el rol de los corredores de bancaseguros y su participación en el mercado, que durante 2019 intermedió el 28% de las primas del mercado. Posteriormente, la ejecutiva señaló que habría varias indicaciones que modifican el artículo 40 del DFL 251, y que “nos parece que tienen un impacto no deseado al que se esperaba cuando se estaban incorporando estas indicaciones”.

Al respecto, la gerente general de CBS repasó varios de los aspectos que irían en detrimento del mercado, como la indicación que busca prohibir a las empresas relacionadas (corredor o compañías de seguro), a participar de las licitaciones públicas del seguro hipotecario, lo que se aleja de la recomendación de la Fiscalía Nacional Económica, que ha instado a la participación y a la libre competencia.

Por otro lado, la segunda indicación que fue abordada por la ejecutiva, fue la que señala que “no podrán participar en la licitación, directa o indirectamente, los corredores de seguros que hayan asesorado a la entidad crediticia licitante en dicha licitación». Al respecto, Aranda dijo que se entendería que “la asesoría se refiere a participar en la redacción de las bases y durante el proceso mismo, como es el proceso de responder consultas, y no a realizar las gestiones propias que le corresponden como intermediario, como es por ejemplo, todo lo que es la solicitud de información de siniestro a las compañías aseguradoras. Normativamente, el corredor que intermedia la póliza, debe asesorar al contratante, que en este caso es el banco, en temas como el mencionado anteriormente, que dice relación con la información sobre los siniestros”.

A esto se sumó la indicación que modifica el Código de Comercio, el nuevo artículo 538 BIS, que habla de que “no se podrán contratar seguros distintos de aquellos que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia”. Sobre este tema, la ejecutiva señaló que “nos parece aquí que el problema no es la oportunidad de la venta, sino que asegurar la correcta asesoría y transparencia en los procesos de oferta y contratación de seguros”.

Aranda explicó además que en Chile la prima de seguros representa el 4,54% del PIB, y al compararlo con el resto del mundo, se ve bastante bien esta cifra, en relación a países como España, donde la prima llega a un 5,2% del PIB. “Pero si sacamos el efecto de las rentas vitalicias, las primas de seguro del año 2019 representan solo un 2,7% del PIB, bastante más lejano del 8,91% de los países OCDE. Esto nos dice que sin duda tenemos brechas de oportunidad de mayor protección que asegure de los riesgos de pérdida patrimonial y de bienestar a todos los ciudadanos”.

Otro punto abordado por la ejecutiva es el de los seguros de desempleo de libre disposición, los que se ofrecen de manera colectiva bajo el modelo de bancaseguros, en bancos y otras instituciones financieras, y que indemnizan al cliente, y no a la entidad crediticia, en caso de desempleo. “Al cierre de 2019, en Chile existían cerca de 800 mil pólizas de estos seguros, y que con esta indicación, no se podrían continuar ofertando”.

Y para graficar el impacto que esto tendría, Aranda explicó que a diciembre del año pasado, los créditos hipotecarios vigentes eran cercanos a 1.5 millones, y aproximadamente un 8% de ellos tiene contratado seguro de cesantía. “En los tiempos que estamos viviendo hoy, este tipo de seguros representan un gran apoyo a las familias chilenas. La venta de seguros, al momento de contratación del crédito, permite la mutualización del riesgo y por ello genera menor costos y por lo tanto, menores precios, sin exclusiones de cobertura”, explicó.

La gerente general de CBS finalizó su presentación explicando los problemas de redacción de los nuevos artículos 520 BIS y 538 BIS que se han identificado, los que se prestan para profundas confusiones e interpretaciones de la ley que podrían tener efectos no deseados en el mercado.

Las indicaciones Jackson
El diputado RD Giorgio Jackson, presentó una serie de indicaciones al proyecto sobre Agentes de Mercado, como la prohibición a participar de la licitación de los seguros asociados a créditos a una “empresa relacionada con la entidad crediticia”, con el fin de evitar prácticas restrictivas a la competencia, sin indicar si esto incluiría a los corredores de seguros.

La segunda indicación hace relación a la división del pago de la prima en partes iguales entre el cliente y la entidad crediticia, lo que encarecería la tasa en los créditos, y limitaría el acceso para muchos.

El proyecto contempla además dos normas prohibitivas, donde se impide ofrecer y contratar “seguros distintos de aquellos en que el beneficiario de la indemnización sea el acreedor de la operación crediticia a la cual se vincule la contratación del seguro y que diga relación con esa operación”, por lo que sólo se podrán ofrecer de desgravamen o de incendio y sismo. Es decir, excluye seguros de desempleo o robo, por nombrar algunos. A su vez, una de las críticas que ha recibido esta indicación, es que el deudor tampoco sería el beneficiario de seguros de incendio y terremoto, sino sólo la institución financiera.

Por último, se prohibiría -sin señalar a quién- pagar incentivos para obtener la contratación de productos que no estén directamente vinculados con el riesgo o aquellos que la ley exija como obligatorios para la contratación del crédito, lo que sería contradictorio con la anterior, que prohíbe a todo evento la contratación de productos que no se vinculen con el riesgo de crédito.