La normativa, que comenzará a regir a finales de este 2026, eleva las exigencias sobre el uso de información personal y pone foco en sectores intensivos en datos. Expertos advierten brechas en preparación y un cambio en la responsabilidad a nivel ejecutivo.

A poco menos de un año de su entrada en vigencia, la nueva Ley de Protección de Datos Personales (Ley N° 21.719) comienza a instalarse como una de las principales prioridades regulatorias para las empresas en Chile, con efectos especialmente visibles en sectores intensivos en información.

El nuevo escenario implica un ajuste relevante para las empresas, ya que prácticas habituales, como el uso de datos para fines distintos a los originalmente informados o consentimientos poco específicos, deberán adecuarse a criterios más estrictos. A esto se suma la necesidad de contar con mecanismos que permitan acreditar el origen de los datos y su uso, en línea con los principios de responsabilidad y trazabilidad que establece la ley.

Aunque el impacto es transversal, distintos análisis coinciden en que el efecto será más significativo en sectores como seguros, inversiones y servicios no bancarios, donde el modelo de negocio depende en gran medida de la recopilación y procesamiento de información personal. El nuevo marco legal también endurece las sanciones. Según la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), las multas pueden alcanzar hasta 20.000 UTM, incorporando un componente de riesgo financiero relevante para las compañías.

El abogado y director jurídico de IAB Chile, Raúl Arrieta, precisó en Diario Financiero, que el foco ya no está solo en la existencia de bases de datos, sino en cómo fueron construidas, bajo qué fundamento se utilizan y qué herramientas reales tienen las personas para aceptar, rechazar o revocar ese uso. “Lo que yo recomendaría a quienes hacen marketing es que primero revisen sus procesos (…) ver qué es lo que hago, cómo y de dónde saqué los datos”, señala. De esa forma, podrán determinar cuál es la base legal que justifica cada tratamiento”, enfatizando la necesidad de avanzar hacia modelos de cumplimiento más integrales.

En el caso de la industria aseguradora, el desafío es mayor debido a la naturaleza de los datos que maneja y la complejidad de sus procesos. Desde la evaluación de riesgos hasta la liquidación de siniestros, las compañías operan con información que, en muchos casos, puede ser considerada sensible, lo que eleva el estándar de cumplimiento exigido por la nueva normativa.

En este sentido, CEO de AlayIA Trust, Luis Sepúlveda, advirtió sobre la magnitud de los cambios que deberán enfrentar las organizaciones antes de diciembre de 2026. En entrevista con Emol, el ejecutivo señaló que la normativa exigirá incorporar la privacidad desde el diseño de procesos y productos, advirtiendo que “no se trata de añadir parches de seguridad al final del desarrollo, sino de construir con privacidad desde los cimientos”. A esto se suma un régimen sancionatorio con impacto reputacional, ya que “incluye un registro público de sanciones que puede afectar permanentemente la reputación empresarial”. Asimismo, destacó la necesidad de desarrollar capacidades para responder a los derechos ampliados de los titulares de datos, fortalecer el control sobre terceros —donde “el riesgo de terceros se convierte en riesgo propio”— y avanzar hacia una gobernanza desde el directorio, integrando la gestión de datos en la toma de decisiones estratégicas.

A nivel organizacional, uno de los cambios más relevantes es que la responsabilidad en materia de protección de datos deja de estar acotada a áreas técnicas. La ley incorpora un enfoque de gobernanza, extendiendo las obligaciones hacia la alta administración y los directorios, especialmente en lo relativo a la adopción de medidas de resguardo y prevención.

A nivel de preparación, el diagnóstico del mercado aún muestra brechas relevantes. De acuerdo con la Encuesta de Protección de Datos Personales 2025 de PwC Chile, solo un 13% de las empresas se considera “muy preparada” para cumplir con la nueva normativa, mientras que un 54% se declara medianamente preparada y un 33% reconoce estar poco preparada. A esto se suma que un 54% de las organizaciones aún no cuenta con un Delegado de Protección de Datos —figura clave en el nuevo marco regulatorio— y que un 74% admite no tener visibilidad completa sobre cómo se gestionan internamente los datos personales. Pese a ello, el 59% de los encuestados cree que dispone de tiempo suficiente para implementar los cambios requeridos, reflejando una brecha entre la percepción de urgencia y el nivel real de avance.

Con la entrada en vigencia cada vez más próxima, el proceso de adecuación comienza a consolidarse como una prioridad en la agenda corporativa. En sectores como el asegurador, donde los datos son parte central del negocio, el impacto de este cambio regulatorio no solo será operativo, sino también estratégico.